De “la era de oro” a la de las leyes

Autor: Rafael Sagárnaga L.

Los técnicos de YPFB y otras empresas que trabajan en el aguaragüe aseguran que hoy se trabaja respetando las normas ambientales. Hablan sobre un extraño caso en yerobiarenda. Pero, reconocen la falta de ayuda a las comunidades indígenas.

A lo largo de un siglo, el Aguaragüe primero fue desmontado con virtuales garras de tractores, trepanado miles de veces y conmocionado a dinamitazos. Y recién tras casi ocho décadas, se le aplicaron normas ambientales que,  luego de 10 años más, entraron en vigencia. En semejantes lapsos, a los habitantes originarios del segundo cerro rico se los persiguió, esclavizó y explotó. Y, desde hace 15 años, aproximadamente, se les toma en cuenta sus derechos y comunica qué más se les piensa hacer a sus serranías.      

Bajo ese peso histórico trabajan en la zona técnicos de YPFB, de las empresas remediadoras, la separadora y las petroleras. Cada uno deriva las aclaraciones oficiales a: Sao Paulo (Petrobras); Santa Cruz, para la Separadora, y La Paz, los de Yacimientos. Pero, algunos sí aceptan explicar los problemas que afectan a los guaraníes del Aguaragüe.

¿Por qué remedian sólo nueve de los 32 antiguos pasivos de la zona de Sanandita?

“Eso responde a un análisis riesgos (ambientales, sociales y técnicos)- aclara un funcionario de YPFB-. Se priorizaron nueve pozos en base a reclamos de comunidades por los problemas de contaminación que les causaban. Son muy antiguos, algunos de 1917, que eran de la Standard Oil  y otras empresas. Hay un pozo tan antiguo, en Itavicua, que no se pudo identificar quién lo realizó”.

¿Por qué las organizaciones guaraníes señalan que generalmente no hubo procesos de consulta y participación previas a los trabajos?

“Se los hace en todo proyecto donde existe una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), incluso si sólo está demandada, tal cual señalan las normas –explica otro técnico-. Pero en varios lugares no hay TCO o se hallan en medio otro tipo de propiedades. Ahora, lo que se hizo antes de las leyes 1333 (del Medio Ambiente – año 1997) o 3058 (Hidrocarburos – año 2005) escapa a nuestras manos”.

¿Por qué hay tan poco apoyo estatal a las comunidades indígenas?

“Se desarrollan proyectos de vivienda, de agua e incluso la construcción de postas sanitarias. Por ejemplo, en la TCO de Yacuiba hay un programa de inversión social que fue fruto de una dura negociación. El problema es que recién en 2014 se puso en vigencia el decreto 2195 ‘De Compensación’. Antes regía la lógica de la compensación en dinero efectivo entre empresas y organizaciones indígenas, lo que causó daños morales a todas las partes involucradas. El Gobierno buscó una alternativa para que haya algún nivel de control. La compensación es beneficio extraordinario, no un derecho, y por lo tanto se lo puede reglamentar. Ahora, claro, hay comunidades extremadamente pobres y que deberían ser mejor atendidas”.

¿Qué pasa en Yerobiarenda, que dejó de ser “el lugar de la alegría”?

“La zona de la Separadora de Líquidos debía ser declarada industrial por el municipio. Extrañamente al lado de la planta actuó un agente económico que compró un terreno y apareció la comunidad de Yerobiarenda.  Es decir, no es una TCO, sino un terreno privado donde se instaló una comunidad guaraní cuando ya se había empezado a construir la planta. Por lo tanto, no le compete consulta y participación. Como hubo presiones sociales y para no retrasar más el proyecto, se les financió viviendas.

Hoy se cumplen todas las normas ambientales porque el Estado maneja el negocio de los hidrocarburos. Antes era una relación entre empresas privadas y comunidades. Y más antes era lo que los antiguos petroleros llaman ‘la era de oro’. Entraban con topadora abriendo sendas, si tenían que matar, mataban, y a veces también los mataban, ya sea los tigres o las flechas”.

(DURANTE 11 SEMANAS ESPERAMOS LA RESPUESTA  DEL INRA, YPFB Y EL MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE Y AGUA A LAS SOLICITUDES DE ENTREVISTAS PRESENTADAS POR ESCRITO. LAS AUTORIDADES NO RESPONDIERON EN NINGÚN CASO). 

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