Un abogado de YPFB
fue “castigado”
en el cepo

Autor: Javier Badani

La relación entre los habitantes de las cuatro comunidades que conforman la TCO Tcana II, la estatal YPFB y la empresa BGP ha sido tensa desde el inicio del proceso, que terminó en la exploración de hidrocarburos en el territorio indígena.

Los comunarios de la TCO Tacana II recuerdan cómo durante el proceso de consulta previa terminaron poniendo en el cepo (artefacto de madera donde se inmoviliza a una persona por un tiempo determinado) a uno de los abogados de la estatal YPFB, en el marco de sus usos y costumbres.

“Uno de los abogados vino con mentiras para confundirnos. Nos presionaba bajo el argumento de la vigencia del Decreto (Supremo) 2298, cuando éste en realidad se encontraba en proceso de impugnación en el Tribunal Constitucional.

Como castigo, porque se encontraba en nuestro territorio, lo hemos puesto al cepo durante una hora. Creen que porque vivimos en estas tierras olvidadas nosotros somos ignorantes”, señala Gerald Flower, de la comunidad Toromonas.

Rolando Justiniano, actual presidente de la TCO Tacana II, asegura que los servidores públicos encargados de las negociaciones buscaron dividir a las comunidades intentando conseguir acuerdos individuales con las comunidades saltándose de esta forma la institucionalidad dirigencial de la TCO. “Intentaron ponernos en contra, pero no pudieron porque somos un solo cuerpo”, comenta.

Y si bien se logró firmar los acuerdos, una vez iniciado el trabajo de exploración sísmica la relación se mantiene tensa.  Los tacanas aseguran que no se están cumpliendo muchos de los puntos estipulados en el EEIA. Se quejan, además, de que ya comienzan a sentir en su cotidiano los efectos de los trabajos de exploración, como el alejamiento de los animales del bosque que desde siempre han sido la base fundamental de su dieta diaria.

 

Los primeros días de octubre de 2016, los comunarios lograron frenar los trabajos que se desarrollaban en una de las áreas de la malla sísmica. Una comisión integrada por ocho comunarios evidenció -ante denuncias de los monitores tacanas- que en uno de los campamentos los trabajos de exploración estaban incumpliendo compromisos suscritos.  “Los pozos perforados en las líneas sísmicas se hallaban a 5 metros de los almendros, cuando el compromiso es que estuvieran alejados 40 metros de castaños y 100 metros de afluentes”, explica Santos Cáceres, uno de los monitores indígenas.

Este hecho, asegura Cáceres, no fue un error por parte de los trabajadores de la BGP, pues los monitores evidenciaron de 800 puntos de tiro que no cumplían los convenios.

El paro de los trabajos fue resuelto después de que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, llegara hasta la TCO para negociar con los indígenas. El encuentro se realizó el 8 de octubre, en la comunidad Toromonas. Los comunarios informaron a Romero sobre los incumplimientos por parte de la empresa  y sobre la forma “engañosa” con la que se inició el acercamiento entre autoridades gubernamentales –bajo la promesa de implementar en la TCO el proyecto Mi Agua- y las comunidades tacanas. Si bien no se firmó un nuevo acuerdo, la empresa se comprometió a cumplir con lo estipulado.