Tacanas

EL PUEBLO

Autor: Javier Badani

Bajo la promesa de impulsar el proyecto Mi Agua, funcionarios gubernamentales abrieron paso a la exploración sísmica en la TCO Tacana II, en el norte de La Paz. El agua nunca llegó como tampoco se cumplieron la mayoría de las promesas que las autoridades hicieron a las comunidades.

Todo comenzó con un ardid. Bajo la promesa de impulsar el proyecto Mi Agua, técnicos gubernamentales ingresaron el 2013 hasta el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Tacana II para abrir las puertas a la exploración de hidrocarburos.

Han pasado cuatro años y no hay vistas de que el agua llegue. Lo que sí arribó a este territorio fueron los explosivos, las perforadoras, los helicópteros y el pequeño ejército de trabajadores de la empresa china Asociación Accidental BGP que día a día se adentró en territorio tacana para llevar adelante el Proyecto de Exploración Sísmica 2D “Nueva Esperanza”, de la Cuenca del Madre de Dios.

“Aquí entraron con engaños. Y aún así nunca nos opusimos al proyecto; es para el bien del país. Pero continúan no siendo honestos, incumpliendo los compromisos que hemos firmado y buscando dividirnos para quebrarnos”. Lo dice con un dejo de resentimiento Teodosia Castellón, comunaria de Las Mercedes. Y su queja se repite una y otra vez en los labios de los habitantes de esta TCO, que está enclavada en el último rincón de la provincia Abel Iturralde, en la Amazonía de La Paz.

Fronteriza con Perú, la TCO Tacana II se halla en las puertas de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Manuripi (Pando) y del Parque Nacional Madidi (La Paz), áreas que, aseguran los indígenas, serán afectadas de darse la exploración hidrocarburífera. El 70% del territorio de la TCO se comprometió en la malla sísmica trazada por la estatal YPFB y la empresa BGP. En este territorio se asegura habitan pueblos indígenas no contactados que –según reportes de los tacana basados en informes de trabajadores de BGP- han advertido su presencia en al menos dos oportunidades.


Temen represalias de indígenas en aislamiento voluntario

Los trabajos de exploración se adentraron en territorio habitado por indígenas en aislamiento voluntario, quienes hostigaron en dos oportunidades a los equipos de avanzada de la empresa.

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del territorio de la TCO se comprometió en la malla sísmica trazada por la estatal YPFB y la empresa BGP.

Son tantas y urgentes las necesidades de las cuatro comunidades que conforman la TCO Tacana II, que cuando el 2013 el director del Servicio de Áreas Protegidas (Sernap), David Pomier, arribó con la promesa de gestionar la presencia de entidades gubernamentales para trabajar en el área, los comunarios festejaron. Y no era para menos. “Con los dedos de una mano se puede contar las veces que alguna autoridad municipal o gubernamental había llegado hasta entonces a estas tierras”, dice Edgar García Cuellar, quien entonces era Presidente de la TCO.

 

“(Pomier) nos dijo que comenzarían buscando soluciones al tema de la provisión de agua. Tres meses después, llegó una comisión gubernamental junto a militares, policías y un fiscal. Nos dijeron que para implementar el proyecto Mi Agua se necesitaba que un grupo de técnicos ingresen para levantar el estudio de la línea base socioeconómica. Nosotros accedimos. En medio de la conversación, sacaron el tema del estudio sísmico. Nosotros no entendíamos exactamente de qué se trataba, pero insistieron en que ese tema debería ser incluido en del acta oficial del encuentro”, rememora García.

Tras esta reunión, en febrero de 2014, personeros de la consultora Tarija Eco Gestión –contratada por la estatal YPFB- ingresaron a las comunidades para levantar la información necesaria para redactar la línea base socioeconómica y ambiental, que, se aseguraba entonces, sería la base para iniciar el proyecto Mi Agua. Grande fue la sorpresa de los comunarios cuando, meses después, una comisión llegó hasta la TCO para informarles que los estudios realizados en su territorio serían utilizados para la redacción del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), requisito fundamental para llevar adelante cualquier proyecto hidrocarburífero en Bolivia. El EEIA es un documento donde se establecen medidas de prevención y mitigación para las actividades de este tipo de proyectos con el objetivo de reducir, controlar y evitar impactos ambientales.

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De pronto, la negociación con las comunidades se centró en el proyecto de exploración sísmica mientras las conversas sobre el proyecto Mi Agua quedaron en segundo plano y, hasta la fecha, congeladas. Funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB impulsaron este nuevo proceso.

La normativa vigente para el sector hidrocarburífero establece la obligatoriedad de llevar adelante procesos de consulta y participación en orden de realizar proyectos como el de exploración sísmica en áreas como en la que se halla la TCO Tacana II. “Por eso nomás han venido inicialmente, ese era su objetivo: abrirse paso para la exploración petrolera”, señala Rolando Justiniano, actual presidente de la TCO Tacana II y comunario de Toromonas.

“Decidimos apoyar el proyecto de exploración de hidrocarburos, a pesar de la forma engañosa con la que entraron hasta nuestro territorio. Pero impusimos nuestras condiciones para precautelar nuestro territorio, que no es sólo nuestro hogar sino nuestra fuente de vida”, argumenta Justiniano.


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La relación entre los habitantes de las cuatro comunidades que conforman la TCO Tcana II, la estatal YPFB y la empresa BGP ha sido tensa desde el inicio del proceso, que terminó en la exploración de hidrocarburos en el territorio indígena.

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Con este aval se inició en junio de 2014 el proceso de consulta previa e informada. Para entonces, los líderes de la TCO ya habían tomado contacto con otros indígenas que habían pasado procesos similares, especialmente del Chaco, y con especialistas en el tema de exploración y explotación hidrocarburífera. Empapados ya sobre la temática, los comunarios de la TCO Tacana II realizaron 56 observaciones al documento EEIA. Entre las observaciones se encontraba el hecho de que el texto no contemplaba un estudio de impacto a los castañales, base fundamental de la economía de los habitantes de la TCO.

 

Unas 280 familias habitan el área, divididos en cuatro comunidades: Toromonas, Puerto Pérez, Las Mercedes y El Tigre. El 100% se dedica a la zafra de la castaña, actividad que en esta región se inicia en enero y culmina en marzo. Los comunarios subsisten el resto del año con los recursos de la venta de la castaña recolectada.

En ese sentido, los comunarios lucharon para que los puntos de tiro (sitios donde se realiza la detonación de 3 kilos de explosivos, a 9 metros de profundidad) se instalen a una distancia de 40 metros de los árboles de castaña y a 100 metros de arroyos, quebradas, salitrales (donde se alimentan los animales) y otros cursos de agua.


familias habitan el área, divididos en cuatro comunidades, el 100% se dedica a la zafra de la castaña.

Otros puntos que trabaron la negociación, que se alargó por más de dos años, fue la cantidad de monitores ambientales tacanas que serían contratados para acompañar a las brigadas de trabajo de exploración sísmica dentro de la TCO y su remuneración. Además del pago por la afectación, que hasta la fecha no ha sido definida.

“Los técnicos gubernamentales nos acusaron de ser opositores al progreso de Bolivia por alargar la negociación. Decían que en el Beni (Área Río Beni, el segundo proyecto de exploración en la Cuenca Madre de Dios), en 15 días habían sellado el tema con los indígenas del lugar. A ver, vayan a conversar con nuestros hermanos benianos y escuchen cómo ellos ahora se arrepienten”.


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“Los técnicos comenzaron aquí a querer visitar las comunidades individualmente, buscando dividirnos. Y en El Chivé (comunidad pandina que es el centro de abastecimiento y salida de los tacanas y donde actualmente se alza el campamento base de la empresa BGP), pasaban rumores de que los indígenas no querían el progreso de la región, poniéndonos en contra de nuestros hermanos”, rememora Melkin Quimo, de la comunidad Toromonas.

Con todo, la aprobación final de los indígenas a los acuerdos estipulados en el EEIA requirió de cuatro intensos días de debate, en una asamblea en la que participaron representantes de las cuatro comunidades que componen la TCO Tacana II. Los comunarios decidieron no participar en los trabajos del proyecto “que destruirá el bosque”, a pesar de que la norma estipula que la empresa debe contratar a pobladores del área para apoyar la labor de exploración. La presencia de los comunarios se hace presente a través de 48 monitores indígenas que velan por que los trabajos se desarrollen cumpliendo los acuerdos.

 

El acuerdo final se selló en septiembre de 2015. Sin embargo, cinco meses antes la estatal YPFB, mediante nota expresa de adjudicación YPFB-GNCO-063/2015, ya había concretado la contratación directa de la empresa china Asociación Accidental BGP para las tareas de exploración sísmica 2D.

El 12 de febrero de 2016 el presidente Evo Morales arribó a El Chivé para la inauguración oficial del Proyecto de Exploración Sísmica 2D “Nueva Esperanza”, de la Cuenca del Madre de Dios. Los comunarios de la TCO Tacana II no participaron del evento. Hoy afirman que la invitación oficial fue entregada por funcionarios de la estatal YPFB el mismo día en el que el mandatario llegaba a El Chivé.

Según lo estipulado en los acuerdos, los trabajos de exploración sísmica deben detenerse en diciembre de este año, para permitir así a los comunarios ingresar al bosque para la zafra de castaña.

“Ya se van a ir y del agua nada. Parece que, al final, sólo daños nos van a dejar”, se lamenta, Gabriel Salvatierra, presidente de la comunidad Puerto Pérez.


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